Ante la reunión esta mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al ministerio de Hacienda del Gobierno central y a los responsables de finanzas de todas las Comunidades Autónomas, el sector de la discapacidad exige un consenso sobre las cifras globales de gasto público que comporte un aumento real y efectivo de las partidas sociales en general y de las de discapacidad en particular.

 

Las Comunidades Autónomas concentran en gran medida el gasto social en España al gestionar directamente los servicios públicos de atención a la ciudadanía por lo que en la aprobación de los objetivos de déficit y deuda para el periodo comprendido entre 2019 y 2021, se debe poner la mirada antes que nada en lo social, destinando más recursos a financiar las estructuras del bienestar, tan dañadas en los pasados años de virulenta crisis económica y de políticas predatorias de reducción del gasto.

 

La década 2008-2018 ha sido un período perdido para lo social, con efectos devastadores para los dispositivos de protección y promoción sociales, senda que debe revertirse sin más demora, poniendo la inversión social como prioridad política y presupuestaria.